Pensamiento y responsabilidad

miércoles, 1 de enero de 2014

Año nuevo, vida nueva



LA CORRUPCIÓN DESTROZA EL ENTORNO ECONÓMICO Y SOCAVA LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS.
 
REDUCE LOS INGRESOS, AUMENTA EL GASTO PÚBLICO Y LIMITA LA CAPACIDAD INVERSORA DEL ESTADO.

LA CORRUPCIÓN ENGRILLETA 
A CORRUPTO Y CORRUPTOR
Estamos ante un fenómeno gravísimo, que se ha convertido en práctica habitual e impune, si el Estado de derecho no actúa resueltamente la corrupción se quedará entre nosotros por un tiempo insoportable.

Los daños de la corrupción, agravan la crisis, perjudican al sector público y aumenta la desigualdad. La corrupción destroza el entorno económico, afligiendo corrosivamente a la confianza de los ciudadanos, al trabajo bien hecho, a la calidad de la democracia y al funcionamiento de las instituciones. 

Sin un ambiente íntegro la economía se colapsa y eso es una parte muy importante de lo que está pasando actualmente en España. La corrupción reduce los ingresos al escapar de la recaudación de impuestos, aumenta el gasto público improductivo al subir los costes de las licitaciones por no haber competencia y limita la capacidad inversora del Estado al sufrir éste una merma de recursos.

Los ciudadanos, en estas condiciones, se ven obligados a pagar más impuestos, a recibir menos servicios públicos, y a sufragar más caro los bienes que adquieren, porque previamente los corruptores han subido los precios en beneficio propio. Podría anularse el déficit público si no hubiera evasión fiscal. En España, no faltan recursos; el problema es que las clases pudientes históricamente se consideran en el derecho de no cumplir con sus obligaciones fiscales.

La corrupción está afectando a la salida de la crisis, dañan  el consumo, la inversión y las exportaciones. Las actividades corruptas al ser improductivas no crean empleo ni ayudan a paliar la enorme tasa de paro de más de seis millones, con lo que no se reactiva la capacidad adquisitiva ni el consumo de las familias. Se absorben fondos en detrimento de la inversión pública y privada. Y no estimulan el comercio exterior porque los corruptores viven de las subvenciones, los beneficios de monopolio y las regulaciones a medida; y no de su capacidad competitiva y de la generación de valor añadido, que son fundamentales para la presencia de España en los mercados exteriores.

El saneamiento es posible con políticas anti-corrupción basadas en una FUERTE VOLUNTAD POLÍTICA QUE CREE EN LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA EXISTENCIA DE UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE, LA PERSECUCIÓN Y EL CASTIGO DE LOS RESPONSABLES.
Urgente transparencia financiera de los partidos políticos, eliminación de los privilegios judiciales de los aforados, la protección máxima de los denunciantes de presuntos delitos, LA DIMISIÓN INMEDIATA DE LOS RESPONSABLES POLÍTICOS es escandaloso que a fecha de hoy no haya dimitido ningún cargo de alto nivel, y la creación de mecanismos institucionales que impidan la existencia de redes clientelares.

2 comentarios:

  1. Hace unos días, hablaba con un ladrón de nacimiento, y me decía que no interesaba trabajar en nada, que lo había intentado, pero es mas indecente trabajar que robar... Y me explicaba que en ESPAÑA no había leyes que condenaran el robo, porque si las hubiera todos los políticos irían a la cárcel, y decía que además ir a la cárcel tenía premio, que solo hay que portarse bien en ella y que eso es muy fácil, pues son hoteles de cinco estrellas y al salir te esperan 600 euros de paro durante 18 meses, casi no necesitas robar en un tiempo y cuando llega el invierno es mejor robar y si no consigues mucho que te cojan y pasar el invierno calentito en la cárcel y al salir vuelta a empezar...pero trabajar por 800 euros eso si es indecente.

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  2. Los jueces quieren que el Ejecutivo impulse restricciones a la opción de suspender el cumplimiento de las penas y que el aplazamiento no sea aplicable a los condenados por corrupción “si de verdad se quiere una eficaz lucha contra la corrupción”, señalan en el comunicado en el que plasman la propuesta. Además, reclaman que la posibilidad de paralizar el ingreso en la cárcel tampoco pueda acordarse tras las condenas de jurados populares, que enjuician tanto delitos relativos a la corrupción (tráfico de influencias, malversación y fraudes, entre otros) como delitos de sangre.

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